Creado en Fecha: Viernes, 17 de Diciembre de 2010

Existe un alto grado de negligencia del TSJE a la hora de controlar a los con- tratados que están comisionados en otras instituciones, advirtió ayer el fiscal anticorrupción Cazenave. Este investiga un fraude al Estado que involucra al titular del Congreso y a su secretaria, que ya fue imputada y está prófuga.

Hasta las empleadas domésticas de los parlamentarios estaría pagando el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), indicó ayer el fiscal de delitos económicos y anticorrupción Eduardo Cazenave. Fue luego de tomar declaración testifical a cuatro de los contratados de la Justicia Electoral, cupos del senador Oscar González Daher, titular del Congreso Nacional (ver info).   

La secretaria y “brazo derecho” del parlamentario, Alelí Silva (39), ya fue imputada por el delito de estafa al Estado, junto con su hermano Juan Silva (29). Este último ya está detenido y ayer se abstuvo de declarar, pero Alelí sigue prófuga de la justicia. “Esta situación complica más el estado procesal de la funcionaria, pues muestra su intención de no someterse al proceso, requisito básico para que después se le otorguen  las medidas sustitutivas”, explicó el fiscal.   

Alelí, con ayuda de su jefe, logró incluir a su empleada doméstica (Rosana Cañete) en la nómina de contratados del TSJE. A pedido de Silva, la doméstica comenzó a facilitar los datos de sus parientes para que también tengan un rubro en la Justicia Electoral. La secretaria del senador, junto con su hermano, manejaba las tarjetas de débito, otorgadas por el banco donde se depositaban los salarios.   

“Existe un alto grado de negligencia  del TSJE desde el momento que ellos son los que pagan los salarios de los planilleros. El dinero sale de la Justicia Electoral y son ellos los encargados de velar por ese patrimonio”, indicó Cazenave, quien analiza la lista de contratados, que hasta diciembre superaba los 8.000 funcionarios.   

El representante del Ministerio Público  aseguró  que el mismo sistema de dar cupos de contratos para los partidos con representación parlamentaria se presta a varias formas de irregularidades, como la que se detectó esta semana e involucra al titular del Congreso.