El juez penal de Garantías, Rubén Ayala Brun, fijó las fechas de audiencias de imposición de medidas para los días 13 y 14 de setiembre, a las 10:00, para los diez imputados por lesión de confianza.
El primer día deberán comparecer cinco y al día siguiente los demás.
Según la imputación presentada por la fiscala Yolanda Portillo, Camilo Recalde Dávalos, en su carácter de encargado del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de la Senavitat, habría recibido por parte de los beneficiarios de la institución la suma de Gs 16.750.242.827 para la construcción y culminación de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país, que no fueron finalizadas.
Portillo relata que G 12.191.422.234 fue el perjuicio para el Estado Paraguayo, debido a que la Senavitat desembolsó ese dinero para ejecutar 12 proyectos que comprendían la construcción de viviendas para personas de escasos recursos. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha ejecutado aproximadamente el 27,88 % del 100 %.
Recalde retiró de la Senavitat todos los cheques que totalizan la suma de G 16.750.242.827 gracias a la colaboración de los funcionarios de la institución: Rodolfo Osmar Lovera Mancia, Mario Antonio Pairet, Rufino Concepción González Flores, José Hugo Nuñez Alvarenga y Rocío Rodríguez -quienes pasaron por alto formalidades reglamentarias exigidas según sus cargos-.
El SAT endosó todos estos cheques para entregarlos a Carlos Valenzuela y Carol Turrini, presidenta de la Cooperativa “Mi Casita”, quienes lo depositaron en la cuenta abierta en el BNF a nombre de la cooperativa, para luego extraer esos montos en su totalidad.
Por otra parte, Luciano Barreto, propietario de la Constructora SISA, encargado de la construcción de 200 viviendas prefabricadas y de la presentación de todos los proyectos habitacionales ante la Senavitat habría recibido G 6.000.000.000, pero terminó solo el 28,06 % de las obras que le fueran encomendadas, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial para los beneficiarios de G 4 mil millones.
En tanto que Hugo César Acevedo, propietario de la Constructora AREA, encargado de la construcción de 121 viviendas tradicionales, habría recibido aproximadamente G 7.000.000.000, pero terminó solo el 27,54 % de las obras adjudicadas.
