El problema de la autopista Ñu Guasu es con las leyes que defienden patrimonio

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) generó el proyecto de la autopista Ñu Guasu prácticamente sin importarle que el terreno que iba a utilizar es del ferrocarril, y solo subsanó esa deficiencia cuando los tractores ya estaban trabajando en el sitio, firmando un apurado acuerdo de “usufructo” el pasado 3 de octubre.

De todas formas, según expertos en temas jurídicos patrimoniales consultados ayer por nuestro diario y que pidieron no ser citados, ese acuerdo no le habilita a dicha secretaría de Estado a pasar por encima de las leyes y normas que protegen, tanto de forma general como en particular, los bienes históricos y culturales del país.

Cuando les mencionamos a los especialistas que existe de por medio una “recomendación” de la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) que supuestamente da el permiso para sacar los rieles y modificar el trazado ferroviario, dijeron que las leyes son imperativas y no dan lugar a “recomendaciones”, alegando lo dispuesto en las leyes 946/82 y 174/93, el Art. 81 de la Constitución, la Resolución N° 55/91 y la nota aclaratoria N° 105/09 de la ya citada DGPC de la Secretaría Nacional de Cultura.

Además, la reciente “recomendación” de la DGPC ha resultado ambigua, pues textualmente dice: “Se recomienda que el proyecto que contempla la construcción de la autopista deje como testigo material el trayecto histórico del ferrocarril y que proyecte el espacio necesario para que en un futuro, el ferrocarril pueda volver a reactivar su recorrido por el trazado original del mismo...”, y por otro lado dice que el proyecto presentado por el MOPC “da cumplimiento a dichas recomendaciones”.

Esta versión no es exacta, porque los carriles de la futura autopista que dan al sur, hacia el nuevo Parque Guasu Metropolitano, en la zona de la ex-Caballería, van a sustituir al actual trazado histórico del otrora Ferrocarril Central Pdte. Carlos A. López, y además la DGPC ni siquiera oculta que sabía de ello, pues en otra parte de su “recomendación” dice que las vías y durmientes que se precisan levantar sean inventariados y trasladados a un espacio seguro.

Según los expertos, esto es grave y podría constituir “prevaricato”, lo que habilita a la fiscalía a actuar de oficio en este tema, ya que la obra no puede proseguir en estas condiciones, pues su problema es directamente con las leyes, antes que nada.

Las fuentes coincidieron en aclarar que esta posición legal no equivale a una oposición al progreso o a las grandes obras de solución vial, pues si los proyectos de desarrollo están bien hechos pueden ser compatibles con la defensa del patrimonio y la conservación de la memoria histórica de un país. Lo que les parece inaceptable es que el propio Estado perpetre y aliente este tipo de avasallamientos