LUQUE (María Teresa Blanco, corresponsal). Los frigoríficos allanados entre el martes y jueves son Frialsur y Frigoluque, propiedad de Felipe Acuña. Además, fueron intervenidos los mataderos de Eugenio Rolón Trigo y San Jorge, de Félix Santiago Candia.

Todos los propietarios fueron imputados por procesamiento ilícito de desechos y se exponen a una multa de hasta 2.000 jornales mínimos (G. 120 millones) o cinco años de cárcel.

Los cuatro establecimientos están a escasos cuatro kilómetros del microcentro luqueño. Considerando la cercanía, es imposible que las autoridades municipales desconozcan la situación de insalubridad en que operaban.

Además, muchos lugareños confirmaron que en varias ocasiones denunciaron en la Municipalidad la alarmante situación, pero no hubo reacción.

Los responsables de los cuatro establecimientos arrojan los desechos al curso del arroyo Bogarín, que desemboca al arroyo Yukyry, afluente del lago Ypacaraí, que llegó al punto límite de polución.

Además “rellenan” con estiércol, pelaje, pezuña y menudencias de animales vacunos y equinos en estado de descomposición varios tajamares de la zona.

“Vivimos en este barrio porque somos pobres. Si teníamos plata comprábamos otra casa hace rato y nos íbamos. No se puede ni comer, ni descansar del mal olor”, dijo Silva Balbuena, pobladora del asentamiento San Pedro, lindante con Frigoluque y el matadero San Jorge.

Por otro lado, los pobladores de la compañía Ykua Karanda’y celebraron las intervenciones de varios frigoríficos y mataderos que generan un ambiente insalubre en la zona. Pidieron que el fiscal de Ambiental, José Luis Casaccia, que sancione con severidad a los propietarios y clausure los establecimientos, que generan una contaminación insoportable.

Desidia cómplice

El asesor de la Dirección de Medio Ambiente Municipal, Reinaldo Vera, manifestó que todos los establecimientos fueron notificados hace seis meses. Agregó que los expedientes quedaron paralizados en el Juzgado de Faltas.

La administración del intendente, César Meza Bría (PLRA), cuenta con tres jueces de faltas, pero ninguno tiene conocimiento del supuesto informe medioambiental.

Prisión para infractores

El fiscal José Luis Casaccia manifestó que después de la imputación a los propietarios solicitará al juez la clausura de los establecimientos y prisión de los infractores. “Nosotros vamos a imputar, solicitar la clausura de estos locales y los propietarios están expuestos a cinco años de prisión o multa”, dijo.

Reconoció que si se cierran las industrias infractoras, muchas personas perderán sus puestos de trabajo. “Lastimosamente, muchos perderán sus puestos de trabajo, pero si los propietarios se ponen las pilas y adecúan sus locales a las leyes, en dos o tres meses volverán a operar”, señaló Casaccia.