–¿Por qué está en contra de la ley que quiere apartar al Consejo (de la Magistratura) de la confirmación de jueces y fiscales?

–Esta es una ley que promueve el senador (Enrique) Bacchetta, justo cuando el Consejo está cumpliendo su papel a cabalidad. En el Consejo tomamos las decisiones por unanimidad, por consenso generalizado. Nos extraña que el Senado haya aprobado una ley inconstitucional como esa.

–¿Inconstitucional?

–A todas luces es inconstitucional. Es al solo efecto de sacarnos de la cancha. Yo no sé si es porque hemos estado sacando de la cancha (destituidos) a ocho o nueve jueces. Era gente muy cuestionada por la comunidad, por sus colegas inclusive.

–¿A quiénes apartaron?

–Le sacamos a este Cantalicio Ávalos, a Wilfrido Velázquez, a Isacio Cuevas. Este es el juez que liberó a un narcotraficante peruano. Hizo una omisión tremenda y le dio por compurgada la pena. Cantalicio Ávalos y Wilfrido Velázquez son dos jueces que estaban actuando en Hernandarias. La población entera nos agradece y está feliz por lo que hicimos porque ya era insoportable. Nadie protestó. Con decirle que una vez fuimos a una reunión con el gremio de los abogados del Este y nos dijeron: “Aquí tenemos dos delincuentes que administran justicia”.

–¿Cuál fue la defensa del juez que liberó al narcotraficante?

–Él dice que le engañaron, que su secretaria le hizo firmar inadvertidamente. Cómo va a liberar a una persona que tenía 10 años de prisión y va a decir que le engañaron. Hay otros jueces cuestionados, jueces de Paz y fiscales que hemos estado sacado. Por eso viene toda esta cuestión.

–¿Qué fiscales?

–Hemos sacado a Liz Pérez Ydoyaga, aquella fiscala que cobraba sueldos en la Justicia Electoral. Le sorprendieron in fraganti cobrando 12 tarjetas de sueldo de la Justicia Electoral, siendo ella fiscal. Generalmente apartamos a fiscales y magistrados involucrados en casos que son de público conocimiento. No les incluimos en las ternas. Desde que asumimos hace cuatro meses hicimos 167 ternas, muchas de ellas pendientes desde el 2005, 2006. Ahora vamos a hacer una elección nunca vista. Vamos a alzar el puntaje de los interesados en la página web. Si hay una persona cuestionada, no le vamos a poner en la terna, por más buen puntaje que tenga.

–¿Qué tiene que ver con la pretensión de ellos que dicen querer independizarse, librarse del Consejo? Les acusan de obligarlos a mendigar, de dilatar su confirmación.

–Es inadmisible que ellos digan que quieren ser independientes y que quieren ser libres, como dijo el fiscal (Ariel) Martínez en una entrevista que usted le hizo. Se deja presionar quien quiere. El solo hecho de admitir que son presionados –nada más y nada menos que el presidente de los fiscales– le demuestra el nivel lamentable en que está nuestra administración de justicia. Está bien que quieran asegurar sus cargos, pero no pueden decir que el Consejo de la Magistratura no puede inmiscuirse en la formación de ternas.

–Ellos dicen, a través de esa ley que ya probó Senadores, que una confirmación de la Corte Suprema es suficiente.

–¿Sabe lo que hay en el fondo de todo esto? La realidad es que hay unos cuantos poderosos que quieren mantener sus brazos largos en la justicia, porque saben que en el Consejo van a pasar por un cedazo y que pueden ser rechazados.

–¿A quién rechazaría por ejemplo?

–Dígame, el caso de este juez de Luque, Alberto Sosa. Si esta persona pasa el Consejo y la Corte Suprema lo confirma, entonces, qué estamos haciendo, estamos apoyando la proliferación de delincuentes. Alberto Sosa liberó seis veces a un muchacho con antecedentes de robo y hurto agravado. Este se fue y le disparó a una chica. Le metió un balazo en la cabeza. Con esa bala va a convivir toda su vida. Todas esas liberaciones ocurrieron en el lapso de un año. Entonces, esa clase de jueces no puede integrar la Magistratura. Son delincuentes que están administrando justicia. En Central hay seis jueces que no deberían estar como jueces, por la forma en que están trabajando. A esa gente no se le puede dejar que siga impunemente en el cargo hasta que cumpla 75 años.

–¿Por qué dice que es inconstitucional que sea la Corte la que confirme a los magistrados, fiscales y defensores?

– La Constitución habla en todos sus artículos de integración de ternas, salvo cuando hayan obtenido inamovilidad. La inamovilidad viene después de que fueron nombrados y dos veces confirmados. A partir de ahí recién queda inamovible en el cargo.

Pero hasta tanto eso suceda ellos deben pasar por el Consejo, donde deben probar su idoneidad, su aptitud. Incluso tenemos preparado test para comprobar si los candidatos están siquiátricamente capacitados. Cuidamos de la honorabilidad. Para ser juez no solo cuenta la idoneidad. Habla de honestidad también. Nosotros tenemos muy en cuenta cuando se cuestiona la transparencia de conducta de un magistrado. Queremos que llegue también ese mensaje a otros magistrados: que sepan que van a tener problemas si están actuando mal. Por eso mucha gente se cuida y se mantiene a la defensiva, por todo lo que estamos haciendo en el Consejo.

–¿Por qué necesitan ser confirmados dos veces si ya fueron confirmados una vez?

–Porque la Constitución establece así. Para que haya una confirmación, el magistrado debe estar en ejercicio de sus funciones, porque no hay confirmación si no hay nombramiento. La Constitución habla de nombramiento, designación y confirmación. Los magistrados son elegidos por primera vez por cinco años. Se produce una vacancia automática y deben volver a concursar por el cargo como cualquier otro. Esta ley quiere convertir a los magistrados en ciudadanos de primera. Con ese criterio los abogados nunca más van a poder concursar para ser jueces.

–¿Por qué responsabiliza a Bacchetta de promover esta ley?

–Bacchetta es una persona con un antecedente realmente negro en el Poder Judicial. Su argumento es ese, que los magistrados deben esperar seis, siete, nueve años para esperar su confirmación, “porque nadie se presenta a integrar las ternas”. Eso habrá sido en su época. Nosotros tenemos hoy 42 cargos vacantes por fenecimiento de mandato que nosotros hemos convocado por edicto. Hay un promedio de 50 concursantes por cada cargo. O sea, nunca más va a suceder lo que ellos hacían.

–Uno se imagina a la gente mendigando que lo nombren con respaldo de algún padrino.

–Veo que este chico (por el fiscal Martínez) estudió en el extranjero (en Inglaterra). Le felicito. Yo me recibí aquí en la Facultad de Derecho. Pero si yo tengo esa formación que dice tener él, por qué voy a tener miedo si tengo capacidad y currículum.

–¿Por qué entonces se retienen los nombramientos?

–Nosotros no somos culpables de esa situación. Bacchetta nos quiere endilgar eso. Estuvo cinco años en este Consejo y hubo atrasos en la confección de ternas desde 2005, 2006. Ahora estamos por hacer nada menos que 900 ternas, todo con absoluta transparencia. De lo único que no nos pueden culpar a nosotros es que no estamos haciendo nuestro trabajo.

Es cierto que hay casos, como el juez Delgadillo de Encarnación, que tuvo que esperar nueve años para que se le confirme porque nadie se presentaba para integrar su terna. Pero con esta administración se terminó esa cuestión.

–Lo que pasa es que estas denuncias de presiones y manipulaciones se producen justo cuando fiscales y jueces se animan a investigar y procesar a políticos corruptos.

–Pero ahí justamente está lo simpático. ¿Quiénes son los que hoy quieren excluir al Consejo?: los políticos, para que sus capataces que administran justicia sigan en su lugar y que los políticos sigan aprovechando eso. Esa es la cuestión. Esa es la realidad. Y me extraña que un senador como Arnoldo Wiens haya sido el propiciador de este proyecto de ley inconstitucional desde todo punto de vista. Más me extraña que provenga del Senado. Se supone que en el Senado están los integrantes del Poder Legislativo más capacitados. Tenía que escuchar el pobre debate que hicieron, el mismo Enrique Bacchetta, y este otro, Adolfo Ferreiro, que dice que el Consejo tiene que desaparecer. Dice que no se le puede privar a los políticos en los nombramientos. ¿Sabe por qué hacen todo esto ahora? Porque por fin estamos haciendo el trabajo que la Constitución le facultó al Consejo. Hoy en día estamos esperanzados en los integrantes de la Cámara de Diputados, donde vemos mayor coherencia y mayor responsabilidad.

–Este proyecto de ley tiene como 14 años. En el 2010 fue promovido por la asociación de jueces, después por la asociación de fiscales, el propio Consejo.

–No fue por nosotros. Es más. Vamos a retirar ese proyecto. Fue la anterior administración donde estaba Bacchetta.

–Hasta Riera dicen que estuvo de acuerdo con el proyecto.

–No es cierto. La realidad es que Enrique Riera hizo un dictamen para la Corte cuando era asesor. El consejo no está de acuerdo con ese proyecto.

–Dicen que es una técnica de ustedes para conservar poder.

–Hay que mirar por qué estos gremios quieren sacarle poder al Consejo. Yo le dije a este chico Ariel Martínez (el presidente de la Asociación de Fiscales): “Ustedes hablan de que sancionan a sus compañeros”. ¡Es mentira! ¿Por qué se sancionó a los fiscales? Porque los abogados denunciaron. A una fiscala se le encontró in fraganti. Se le fotografió sentada en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en plenas elecciones internas. ¿Qué hizo la Asociación de Fiscales para sancionarla? Nada.
Mire. Acá hay roscas, hay logias, hay grupos. Lo único que le puedo decir es que cuando una institución como el Consejo está actuando bien y la gente interfiere y quiere apartarlo de su función quiere decir que hay manos oscuras que quieren que las cosas sigan como están. O sea, quieren seguir manteniendo a sus capataces que están dentro de la administración de justicia y están operando a través de ellos. Es ese, sencillamente, el objetivo.

–¿Entre quiénes es la pugna?

–Son políticos, son profesionales, abogados, altos representantes de las logias..., de todo hay. Lo que quieren es cuidar su coto de caza respecto a determinados magistrados.

–¿Por qué se habla tanto de que los políticos tienen al Poder Judicial como su coto de caza?

–Hay zonas que convirtieron en oficinas de empleos para meter a sus allegados políticos.

–Se habla que cada senador, cada diputado tiene un pariente. Se dice que Galaverna colocó a sus hijos.

–La hijastra creo. Su hija trabaja con (el ministro) Antonio Fretes.

–Y así, cuántos debe haber.

–Esa es la grave falencia de nuestra administración de justicia. Hay zonas, como le dije, que son manejadas por los políticos. Nombran hasta al dactilógrafo.

–Y si le llama a usted un político, ¿qué le dice?

–Le digo: “no hay problema”. Lo único que le pregunto: oreko pio la puntaje. Ojapo pio la Escuela Judicial. Oreko piko curso de posgrado. Si no hizo, no entra. Así de sencillo. Ha upéa la omolestá la géntepe. Queremos terminar con esa costumbre de usar la justicia para propósitos personales y grupales de unos cuantos.