Estado pagará US$ 19 millones más por el sobrecosto en obra Ñu Guasu

En principio, la cartera de Estado presentó el anteproyecto de Ñu Guasu y obtuvo la financiación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), por un monto de US$ 15 millones. Posteriormente, en la administración actual del MOPC argumentaron que el proyecto inicial estaba incompleto, por lo que luego de que realizaron las “correcciones”, el precio aumentó y quedó en unos US$ 34 millones.

“El problema con la autopista Ñu Guasu fue que no consideraron una cantidad de rubros en los proyectos originales, y cuando esos rubros fueron agregados, lógicamente se dispararon los precios”, afirmó Huerta.

Este argumento viene dando el MOPC desde diciembre de 2011, cuando adjudicó el tramo I de la obra al consorcio Tecnoedil-Heisecke - Ocho A por G. 112.798 millones (oferta que quedó en sexto lugar respecto a la más económica), y el tramo II a Las Residentas, conformado por las firmas CIV SA -M&T SA, por valor de G. 85.239 millones (tercera ubicación). Así lo confirmó la resolución 2659/11, firmada por el ministro Cecilio Pérez Bordón el 22 de diciembre de 2011.

Sin embargo, los encargados de realizar el primer anteproyecto, el consorcio Oting, llegaron a hablar con ABC Color el año pasado y negaron que su trabajo haya estado incompleto. Pero más allá de esta contradicción, lo cierto es que el Estado deberá hacerse cargo de esos US$ 19 millones de diferencia que, según indicó el viceministro de Finanzas, ya cuenta con la aprobación del Poder Ejecutivo.

Objeciones
Desde que el MOPC realizó la adjudicación en el marco de este llamado, el proceso fue objeto de críticas y objeciones, incluso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), al menos en el tramo I de la obra.

Según resolución 48/12, del 5 de enero, la DNCP había recomendado al ministerio que suspendiera la continuidad de la obra Nº 1. El MOPC se excusó diciendo que aún no se había realizado la adjudicación debido a que faltaba la no objeción del Focem. Pero esta fue precisamente una de las contradicciones del MOPC, ya que primero notificó el 23 de diciembre a las firmas descalificadas sobre la resolución de adjudicación 2659/11, en la que les decía “ha culminado el proceso de licitación” y, más tarde, ante el pedido del informe del comité de evaluación, el ministerio respondió con una negación argumentando que “el proceso de adjudicación aún no fue completado”.

También fueron denunciadas otras irregularidades dentro de este proceso, incluso antes de la apertura de sobres. Por ejemplo, la introducción de una adenda con 29 cambios sustanciales en el pliego de bases y condiciones sin autorización del Focem, cuando ya las oferentes no podían pedir aclaración ni protestar.