Giuzzio y jueza de Luque dejan en el oparei escandalosa evasión

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A pedido del fiscal Arnaldo Giuzzio, la magistrada luqueña María Teresa González de Daniel resolvió desestimar la causa por evasión de impuestos en relación al titular del Senado, Óscar González Daher.

 

Por Roberto Irrazábal

roberto-irrazabal@uhora.com.py

Los escandalosos casos de evasión del impuesto inmobiliario en propiedades del titular del Congreso, Óscar González Daher, publicados en agosto pasado por una investigación de ÚH y Telefuturo, fueron desestimados ayer por la jueza de Luque María Teresa González de Daniel, mediante un pedido sugestivo realizado el miércoles por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, con lo que se desvincula totalmente al parlamentario colorado del hecho punible de evasión.

 

Lo sugestivo parte del hecho de que el agente pidió innecesariamente la desestimación de la causa por el delito de evasión en relación al senador colorado sin siquiera tomar antes declaración indagatoria a los funcionarios municipales que realizaron las adulteraciones, según lo afirmó el propio fiscal, quien ya imputó a uno, Tomás Édgar Vargas Franco, quien, según su pareja, hace dos meses dejó la Comuna y está en Ciudad del Este.

Varios agentes fiscales del área confirmaron a ÚH que Giuzzio no tenía ninguna necesidad de pedir la desestimación, sobre todo cuando la investigación aún está en curso y no se agotaron las instancias ni declararon los imputados.

Lo llamativo aumenta cuando se analiza la celeridad de la desestimación, justo cuando el agente es actualmente candidato a la titularidad del Ministerio Público, cargo que requiere de la venia de los políticos.

SOSPECHOSO. El miércoles pasado, Giuzzio informó a ÚH que imputó, el día anterior, al funcionario Tomás Vargas, pero curiosamente obvió informar que pidió luego la desestimación de la causa en relación a González Daher.

Ayer, en Tribunales, el fiscal justificó su decisión señalando que el impuesto lo liquida la Comuna y que el senador no podría saber que estaba evadiendo, por el gran número de propiedades en cuestión, unas 65, según el agente, quien en horas de la tarde no respondió a los llamados telefónicos de los periodistas de ÚH.

 

"Hay que aclarar que nosotros no negamos la existencia de la evasión. Esta puede existir, solo que no encontramos como responsable al propietario de la evasión, porque, en este caso, la municipalidad es la que debe liquidar el impuesto. Ahora encontramos como sospechoso a un funcionario que fue el que alteró esos datos y el responsable de la alteración, prima fase", dijo Giuzzio.

El fiscal, incluso, puso de excusa el hecho de que las propiedades del parlamentario no tenían planos en la municipalidad, y hasta justificó al senador señalando que no podía saber de la evasión por la cantidad de propiedades que tiene.

"Muy difícilmente un propietario pueda manejar o administrar todos esos bienes y su patrimonio, más aún que, en la fecha del allanamiento, prácticamente no encontramos documentación, en el departamento de Archivos, que demuestre que había declarado anteriormente, y son inmuebles antiguos", justificó.

El agente ahora cambió la carátula del caso por "alteración de datos y sabotaje de computadoras". Refirió que hay otros funcionarios sospechosos y que, en total, fueron adulteradas unas 900 propiedades; de las cuales, 600 no tienen justificación. Así, el caso de evasión muere y la piola se corta por el lado más delgado.

 

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