Denuncian anomalía en concurso de ITV en Luque
PUBLICACION DEL DIARIO ABC COLOR
Empresas vinculadas a la inspección técnica vehicular (ITV) reclaman a la Intendencia de Luque la revisión de la licitación efectuada por el municipio para la verificación de rodados, alegando que esa convocatoria presenta irregularidades y perjudica a las firmas interesadas en realizar ese trabajo.

César Meza Bría, envuelto en nueva polémica. / ABC Color
“Se nota el direccionamiento del pliego a favor de una empresa determinada”, refieren los reclamantes, en una nota de protesta dirigida al intendente luqueño César Meza Bría (PLRA) y también a la Contraloría General de la República.
Se trata de la Licitación Pública 02/2014 para la contratación de una firma que se encargará de los servicios de inspección técnica de vehículos y sus remolques que circulen por el municipio de Luque. La apertura de sobres tuvo lugar el 20 de enero pasado, que ahora se encuentran en estudio en la unidad respectiva de la Comuna luqueña.
En la nota elevada a Meza Bría se deja entrever que habría un direccionamiento del pliego de bases a favor de una de las empresas participantes en la convocatoria, en perjuicio del municipio. El director de la Unidad de Contrataciones respondió dicha queja y la rechazó por ser “infundada y carecer de valor jurídico”.
La protesta en cuestión fue elevada por el Ing. José Luis Cardona Gómez, en representación de la firma Coarco; junto con Rubén Montiel de ACA SA; Soledad Acosta por la firma EIT SRL; Carlos Tatton, por Taivo SA y Roberto Palermo por la firma Roberto Palermo SA.
De la misma manera, el grupo de empresas, el 23 de enero pasado reclamó la intervención de la Contraloría General de la República y pidió la suspensión de la convocatoria así como la revisión de los pliegos.
“El caso reviste carácter urgente y, en consecuencia, solicitamos la inmediata intervención de la Contraloría, ante la inminencia del avance del proceso licitatorio y la adjudicación a una empresa, lesionando la Ley N° 1618 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos”, expresa en partes la presentación.
Argumentaron que la Municipalidad de Luque convocó “la licitación de referencia al amparo de lo previsto en la Ley N° 1618, utilizando el instituto de la concesión de servicios, excluyendo en consecuencia la aplicación de la Ley N° 2051, de Contrataciones Públicas”.
“En esas condiciones, en fecha 9 de enero, puso a disposición de los oferentes el pliego de bases y condiciones para la concesión, cuyo contenido evidencia aspectos delicados de haber sido tendenciado el procedimiento a algún oferente en particular, situación que lesiona el principio de igualdad de los oferentes sin perjuicio del desprecio a la norma constitucional prevista en el artículo 46 y siguientes de la Constitución Nacional”, añade.
“Nuestras empresas, todas especializadas en el rubro objeto del proceso licitatorio, hemos transitado un largo camino tratando de revertir esta tendencia para ofertar en condiciones de igualdad, sin haber logrado ni motivado que las autoridades del municipio admitieran la existencia de tales distorsiones”, se quejaban después a la CGR.
Añadieron también que “el procedimiento puede concluir en forma inmediata con la adjudicación a una empresa española que opera en nuestro medio, situación que complicaría aún más la investigación sobre la legalidad de los aspectos del pliego de bases y condiciones”, refiriéndose a Ivesur, una de las participantes de la convocatoria.
Fernando Gómez, de Taivo SA, dijo que claramente se nota un direccionamiento del concurso de ofertas mencionado.
La verificación, en Asunción
Fernando Gómez, de Taivo SA, refirió que en el Anexo A del pliego, dice que el taller para la revisión de los vehículos “debe encontrarse a menos de 10 Km del edificio municipal, dejando al centro de inspección técnica de Ivesur dentro del radio previsto, ya que este se encuentra a unos 6 km”. Según establece el pliego, agrega, “recién en tres años dicha concesionaria deberá construir un taller en Luque, dejando a los contribuyentes con la incomodidad de tener que ir tres años a la planta de Ivesur, en Asunción para realizar verificaciones”.